De las 12 mil empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), entre 4 mil y 6 mil reanudaron actividades, y el resto lo hará en los siguientes días, aunque la complicada situación económica obligará a detener proyectos en el corto plazo y el mal momento que vive el sector se ampliará.

Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo, señaló que las obras que mayormente reanudaron labores son pequeñas, que representan la mayor parte de afiliados, sobre todo de tareas de mantenimiento con unos 15 o 20 trabajadores. Y las de mayor tamaño están en proceso, porque no es sencillo instrumentar las acciones a seguir, como la revisión de temperatura, proceso de limpieza de equipos y herramienta, entre otros.

Y para mejorar el reinicio de actividades de la industria después de la Jornada de Sana Distancia, en las últimas dos semanas, la cámara comenzó a ofrecer cursos de capacitación a los dueños de las empresas de las 44 delegaciones que tienen en el país y ahora están en proceso de implementar la nueva cultura laboral, en la que todos son corresponsables.

“La industria de la construcción no había parado antes a estos niveles y el regreso debe ser paulatino luego de varias semanas sin actividad. Lo más complicado que vemos es la incertidumbre económica que está generando la pandemia y tendrá efectos, sobre todo, en el sector privado. Es un hecho que algunos proyectos no se van a reanudar este año como medida preventiva ante la crisis”, dijo el empresario.

Para acelerar la actividad constructiva, comentó Ramírez Leal a El Economista, el gobierno federal debe permitir que la inversión pública fluya y los calendarios presupuestales se cumplan, de la misma manera que lo está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya ha comprometido más del 70% de sus recursos para este año.

En el reinicio de las actividades de la industria en la zona poniente de Ciudad de México, se observó un flujo limitado de trabajadores. Por ejemplo, en la Colonia Granada, dos o tres obras, de 15, iniciaron labores y solo con 50 de 250 trabajadores.  El Universal reportó que aunque sí hubo despidos, fueron menos de lo que se esperaba, pues algunas empresas decidieron mantener en sus puestos a la mayoría de los trabajadores.

Este es un artículo original de Real Estatemarket. Consúltalo aquí 

La precipitación del Gobierno mexicano al proceder a la vuelta a la normalidad, anunciada la semana pasada, justo en los días más críticos de la pandemia, ha obligado a hacer algunos reajustes en el Diario Oficial de la Federación. Si el 13 de mayo el Gobierno anunciaba que tres nuevas actividades, la minería, la construcción y los equipos de transporte, eran consideradas esenciales y podían reanudar su producción el lunes siguiente, solo unas horas después, el diario oficial daba marcha atrás y aplazaba esta medida al 1 de junio, como todas las demás empresas y siempre que hayan reformado y dotado sus instalaciones con lo necesario para impedir el contagio entre los empleados.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistía en esas precauciones el lunes, y el martes, en la conferencia matutina del presidente del Gobierno, Andrés Manuel López-Obrador, se ha remachado en el mismo sentido: la sana distancia no concluye hasta el 31 de mayo, hasta entonces todo sigue igual salvo en los llamados pomposamente ‘municipios de la esperanza’, que no han registrado contagios en esta crisis y donde la vida puede ya volver a sus cauces.

Esta rectificación ha sido sobre el papel, pero hay otras contradicciones que siguen en pie. Por ejemplo, que se hable de que no abrirá todavía la minería cuando algunas no han cerrado, véase Cananea (Sonora).

El director general del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo ha explicado cómo han de proceder las empresas para demostrar que ya han implantado las medidas sanitarias para reanudar su actividad en junio. Bastará una carta en la que se asume el compromiso, la buena fe de que lo que afirman es cierto:

“Creemos en la verdad de los empresarios y en que aceptarán inspecciones. En caso de incumplimiento, se clausurará la empresa”, ha afirmado el funcionario.

Pero hay negocios no esenciales, por ejemplo la cadena de electrodomésticos Elektra o los muebles América, en Guadalajara (citados hoy en la mañanera) que no han cerrado sus puertas en toda esta crisis y ahí siguen. En ciertas calles pueden verse restaurantes abiertos al público (no solo para llevar comida a casa), en Ciudad de México y en Baja California. ¿Cómo creer entonces que en la desescalada hacia la normalidad se van a clausurar las empresas que no cumpla con los requisitos recomendados?

Porque se trata de recomendaciones, no de decretos gubernamentales para atajar la pandemia. El presidente así lo recuerda una y otra vez, hoy de nuevo. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el convencimiento”. De tal forma que si las industrias el 1 de junio tienen tapetes desinfectantes a la entrada, barreras de acrílico entre un trabajador y otro, reparto de mascarillas que de verdad protejan, lentes, zonas aisladas o las precauciones necesarias en las áreas de cafetería, será porque quieran, y habrá otras en las que los trabajadores no correrán tanta suerte. Así ha estado ocurriendo en un buen puñado de maquiladoras a lo largo de la frontera con Estados Unidos sin que nadie pusiera freno alguno. Las mascarillas que repartían a sus empleados eran penosas. Y algunos activistas, así como los propios empleados, denunciaban que la producción se hacía pasar por esencial dando una vuelta de tuerca a la legalidad estipulada.

“No podemos aceptar que algunos lo hagan mal mientras otros lo hacen bien”, ha rematado Robledo.

Pero su amenaza de clausura choca frontalmente con lo ocurrido hasta ahora y con las palabras que emplea el presidente para contemporizar con los empresarios. La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, ha informado de algunas visitas a empresas en estas semanas: el 94% cumple, pero un 6% se niega a cerrar, con un ligero repunte, además, entre las díscolas. Y el 42% de ellas están en municipios muy afectados por la pandemia, que en México ha dejado ya 5.332 muertes. Pero en lugar de actuar, el Gobierno se ha limitado esta mañana a ponerles orejas de burro, como en la antigua escuela, mencionando para escarnio público algunas de las que se obstinan en continuar operando.

En todo caso, la inacción gubernamental ha sido altamente compensada por la responsabilidad de la población en México, cuyo autoconfinamiento en casa ha permitido que la pandemia camine a trotecito lento, sin saturar los hospitales. Otra cosa es que los datos de contagio y letalidad deban ser reajustados, pero no se ven en los centros sanitarios las imágenes de desbordamiento que se han dado en otros países. Hoy el presidente ha insistido en eso, pero en tono más comedido, sin sus comparaciones triunfalistas de otras ocasiones: “En otros países pegó primero la pandemia, no les dio tiempo de prepararse; nosotros tuvimos la suerte de no ser los primeros y ahora que estamos en la meseta [de la epidemia] aún tenemos camas disponibles”. No es descabellado que el factor tiempo haya jugado a favor de países como México, donde la población, antes de que llegara el virus, ya miraba con horror y con responsabilidad lo que ocurría al otro lado del Atlántico. Algunos restaurantes habían cerrado mucho antes de que se recomendara el cese voluntario de la actividad.

Incluso ahora, cuando ya se propone una desescalada de las medidas dictadas, son los propios municipios los que han preferido tener cautela y aguantar un poco más, hasta junio. Preguntado López-Gatell si no podrían convertirse en lugares donde otros ciudadanos del país se refugien para hacer vida normal, aunque sea unas horas, el subsecretario ha rechazado que esto sea probable debido al aislamiento, las condiciones rurales y la falta de infraestructura de la mayoría de estos pueblos. “No son turísticos”, ha dicho. Aunque ha recordado que México sigue permitiendo la libertad de movimiento en todo su territorio. El Gobierno federal puede, pero algunos de estos Ayuntamientos han cerrado sus puertas a los extranjeros con la policía. De nuevo los dos Méxicos.

Pero a falta de medidas coercitivas claras, la disparidad de circunstancias dibuja un mapa injusto en México. ¿Por qué unos restaurantes están abiertos y otros no? ¿Por qué se anuncian improbables sanciones o clausura de la actividad para unas empresas mientras otras permanecen descaradamente abiertas? ¿Por qué puede abrir una pastelería y no una peluquería? ¿Por qué se puede comprar una licuadora y no una lata de cerveza? ¿Por qué se entiende que a los vendedores informales no les queda más remedio que vocear su mercancía por las calles, pero se permite el agravio comparativo entre unas empresas, las responsables, y otras, las irresponsables? La respuesta la repite el presidente a menudo: “Todo por consenso y por el convencimiento, por la razón y el derecho”.

La conferencia de prensa sobre coronavirus de la tarde del martes ha dejado algunas cifras preocupantes. En los últimos días se ha incrementado la movilidad de los ciudadanos en ciertos Estados, como Aguascalientes. Puede pesar en ello el cansancio de la población, pero todo indica que también será razonable contener el optimismo por ahora.

Este es un artículo original de El País. Consúltalo aquí 

La productora y comercializadora mexicana de cemento Cemex anunció la reanudación de sus operaciones en medio de la contingencia sanitaria que se vive en el país para frenar la propagación del coronavirus (Covid-19).

Esta decisión se toma después de que se publicaran, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los lineamientos técnicos que aprueban las actividades mínimas en las empresas de acero, cemento y vidrio en el país para evitar efectos irreversibles en su operación.

En un comunicado, Cemex se comprometió a seguir estrictamente las medidas impuestas por la Secretaría de Salud, así como las mejores prácticas para operar en un ambiente responsable y seguro para sus stakeholders.

“La salud y seguridad de empleados, contratistas, proveedores, clientes y comunidades es una prioridad para Cemex, y la compañía continuará aplicando sus protocolos de salud para mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio”, indicó la cementera mexicana.

La mañana del lunes, la empresa lanzó un comunicado anunciando la suspensión de operaciones hasta el 30 de abril en cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno.

En este documento se hablaba de una reducción de costos por 200 millones de dólares y el aplazamiento de ciertas inversiones en activo fijo que se habían considerado para este año.

Este es un artículo original de Expansión. Consúltalo aquí 

El programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que busca crear 12 corredores inmobiliarios, así como el proyecto Vallejo-i, son acciones que contribuyen a que el panorama del 2020 para la Ciudad de México se vislumbre positivo, debido a que potencializan la infraestructura industrial, consideró el director de investigación de mercados de la plataforma inmobiliaria Solili, Pablo López Gallardo.

“Son parte fundamental, vienen a darle infraestructura industrial a la capital, pueden ser viables; de manera holística pueden beneficiar al sector inmobiliario industrial”, explicó en entrevista con El Economista.

Acentuó que se observa el interés de nuevos desarrolladores inmobiliarios que están interesados en detonar proyectos industriales y esto provoca que se diversifique la oferta actual, es decir, que no solamente se impulse a las actividades pertenecientes al sector comercios y servicios.

“El sector logístico sigue demandado a crecer y eso hará que se detonen nuevos proyectos industriales”.

A finales del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el programa de regeneración urbana, el cual busca que se aproveche el uso de suelo de las zonas urbanas, la sustitución de construcciones deterioradas y el repoblamiento de barrios históricos.

De hecho, se espera una inversión máxima por 23,000 millones durante la actual administración capitalina para los 12 corredores.

De igual forma, se presentó el plan Vallejo-i, que pretende reactivar la zona industrial, después de que en la segunda mitad del siglo XX fuera el motor económico de la urbe y que a falta de políticas públicas enfocadas a la atracción de capitales para este sector provocaron su decadencia.

De acuerdo con la alcaldía de Azcapotzalco, actualmente hay 1,317 empresas de 17 sectores (principalmente logística y bienes de consumo), aduana y el centro logístico multimodal Pical Pantaco.

Vallejo tendrá una inversión de más de 700 millones de pesos. En el 2019, se invirtieron 300 millones para reubicar una planta de transferencia de basura y hacer una planta moderna de separación de residuos.

Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, calificó el desarrollo de los corredores y de la zona industrial como positivos, ya que generan confianza entre el empresariado, lo cual es benéfico después de que, en el 2019, prevaleciera incertidumbre a nivel nacional.

“Si estos proyectos cumplen con los recursos presupuestados y con las obligaciones estipuladas, tanto para la parte pública como para la privada, se incrementarán los niveles de confianza empresarial y resultará más común la puesta en marcha de futuros proyectos que incentiven la actividad económica de la entidad”, acotó.

Magaña Rodríguez precisó que a través de la atracción de inversiones el Gobierno de la Ciudad de México debe detonar ambas obras para que alcancen un mayor potencial.

“Para que estos beneficios alcancen un mayor potencial debería de incrementar el nivel de inversión. Por la parte del sector público, la construcción de obras de infraestructura es una buena alternativa para involucrar la participación del sector privado y de esta forma la responsabilidad de inversión no queda en un solo lado”, refirió.

El director de investigación de mercados de Solili explicó que en el 2019, el inventario industrial de la capital presentó un incremento anual de 5.2%, pasando de 670,000 a 704,000 metros cuadrados; además, el de clase A superó los 10 millones de metros cuadrados.

Este es un artículo original de Camila Ayala Espinosa para El Economista. Consúltalo aquí 

Los rubros en los que se concentrarán los proyectos serán inmobiliario, comercial y servicios.

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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dio a conocer que durante el 2020 al menos 80 socios planean 20 obras por un monto de 1,300 millones de pesos en los rubros inmobiliario, comercial y servicios mediante fibras o fondos de Inversión en la zona metropolitana.

El presidente del organismo en la entidad, José Antonio Hernández González, afirmó que los esquemas representan una mejor rentabilidad, los cuales, en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México los constructores están explotando.

Comentó que no puede revelar los montos exactos y especificar las obras a petición de los empresarios, debido a la inseguridad que prevalece y que en algunos proyectos en ejecución han sido víctimas del robo de maquinaria o materiales de construcción.

Recordó que hace más de tres años se emprendió el primer proyecto de fibra en la Angelópolis por parte de la firma originaria de la capital del país, Fibra Danhos, la cual construyó la plaza comercial llamada Parque Puebla, cuya inversión fue de 4,000 millones de pesos.

Expuso que ese ejemplo abrió las expectativas a los constructores poblanos para buscar y llevar a cabo proyectos con estos modelos de inversión, lo cual puede incrementar la actividad en obras privadas, al cierre del año anterior fue de 60% y el resto se concentró en la participación pública.

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Subir participación privada

El dirigente de la CMIC refirió que el 2019 no fue positivo en obras con el gobierno estatal y el municipio de Puebla, por ello, ante la incertidumbre económica que prevalece, buscan tener más participación en el sector privado.

Destacó que municipios conurbados a la Angelópolis también se han vuelto atractivos para los constructores, donde se detonan inversiones como la Explanada Puebla en San Pedro Cholula, el cual tiene cines, restaurantes, bares, hotel, centro médico y supermercado, para lo que se invirtieron más de 1,100 millones de pesos.

“Este tipo de magnos proyectos consolidados en el sector privado nos motiva a que busquemos los constructores poblanos detonar proyectos a través de fibras o fondos de Inversión para generar más empleos, siendo plazas comerciales y complejos residenciales, donde vemos oportunidades”, apuntó Hernández González.

Reconoció que, en la administración estatal interina, la cual duró seis meses y terminó en julio pasado, no tuvieron suerte de participar en varias licitaciones ya que solo hubo 11 obras, por lo cual tuvieron que buscar refugio en el sector privado.

Este es un artículo original de Miguel Hernández para El Economista. Consúltalo aquí 

El empresario afirmó que México tiene una gran necesidad de desarrollar infraestructura en los diferentes sectores y que, al no existir los recursos públicos para ello, la participación privada será fundamental.

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Por segundo día consecutivo, ayer miércoles, el empresario Carlos Slim respaldó el acuerdo de inversión en infraestructura del sector privado porque será un “motor” para la economía de México en el corto plazo y dijo que planea destinar unos 200,000 millones de pesos en los siguientes cinco años en conectividad telefónica de zonas alejadas del país donde aún no hay ese servicio.

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Dicho monto se hará a través de Telmex y America Móvil y ya está “parcialmente” reflejado en el documento presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador y alertó de un riesgo que corre el sector privado por no destinar recursos en estos momentos.

El empresario que no invierta cuando tiene demanda para sus bienes o servicios es un tonto, porque la van a quitar mercado. El empresario invierte porque tiene demanda de sus bienes, no es un asunto de confianza o no”, comentó.

Desde su perspectiva, otro de los beneficios que tendrá el acuerdo es la creación de empleos directos e indirectos en la industria de la construcción y todas sus ramas industriales relacionadas, que al repercutir con una mejora salarial, como lo ha sugerido en diversas ocasiones, vendrá una mayor demanda de bienes y servicios, con una preferencias por lo hecho en México.

Así, se generará un círculo virtuoso que hará de la infraestructura el motor que se requiere en este momento para impulsar la economía.

Hay confianza para seguir

Durante una conferencia magistral en el 330 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Slim reiteró que el país tiene una gran necesidad de desarrollar obra en los diferentes sectores (carreteros, aeroportuario, ferroviario y de salud, entre otros) y que, al no existir los recursos públicos para ello, la participación privada tiene que ser fundamental.

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Desde su perspectiva, antes de difundir los 147 proyectos que requerirán de 859,022 millones de pesos, el gobierno federal cuidó que no se tratara de obras que no fueran viables para evitar cuestionamientos por algo no realizado. La obtención de financiamiento para concretar los proyectos de infraestructura, señaló, no es un problema porque en México, a pesar del nulo crecimiento (ante lo que “ya no hay que darse de quejidos que no resuelven nada”) cuenta con finanzas públicas sanas, control de la inflación y deuda, además de presupuestos de egresos moderados y eso resulta atractivo para obtener recursos.

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Luego de hablar durante unos 50 minutos Carlos Slim respondió algunas preguntas. Una de ellas generó una risa general: ¿cuál sería el futuro de la ingeniería civil mexicana?, a lo que respondió: “Si se hace lo que yo digo, excelente”. También generó un aplauso al sugerir que los estudiantes de ingeniería, luego de cuatro años de realizar su licenciatura, ya están listos para incorporarse en una empresa para trabajar, en lugar de estar haciendo una tesis.

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Entre los diversos temas que tocó, ocupó un espacio el proyecto del corredor transístmico, en donde se considera que se debe generar desarrollo industrial que beneficie al sureste mexicano y abra la puerta para que los productos que se produzcan en toda la franja vayan directamente al mercado de EU y con ello abrir la posibilidad de una nueva relación comercial con beneficios mutuos.

Este es un artículo original de Alejandro De La Rosa para El Economista. Consúltalo aquí 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anuncia que Pemex otorgará 15 contratos a empresas para exploración y extracción entre noviembre y marzo de 2020.

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México ha reabierto este martes la puerta al sector privado para la explotación petrolera. El secretario (ministro) de Hacienda, Arturo Herrera, ha anunciado que la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgará 15 licitaciones a empresas entre noviembre y el primer semestre de 2020 para exploración de terrenos y extracción. La intención del Gobierno mexicano es complementar la inversión pública, prevista para el próximo año en 86.000 millones de pesos (unos 4.400 millones de dólares) y en clara senda alcista, con la privada.

El anuncio supone un paso más hacia la flexibilización de la postura inicial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, muy crítico con la reforma energética de su predecesor, Enrique Peña Nieto, que tenía en la apertura al sector privado uno de sus pilares fundamentales. El peso se recuperaba un 0,3% frente al dólar en la jornada.

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La recuperación de la petrolera nacional, envuelta en una profunda crisis derivada de una merma en la producción y un endeudamiento que se ha disparado en la última década —hasta convertirla en la firma energética más endeudada del planeta—, se ha vuelto la gran apuesta de López Obrador. Con ese objetivo en la mira —México sigue siendo productor neto de crudo, aunque no de gasolina, pero el sector energético ha ido perdiendo peso tanto en el PIB como en los ingresos tributarios—, el Ejecutivo de Morena decidió primero realizar una fuerte reducción a la carga fiscal de la nacional y después dar una importante inyección de capital para tratar de evitar la debacle de una de las mayores empresas públicas de la región, que arrastraría consigo a la deuda soberana. Las agencias de calificación de riesgos han condicionado la nota crediticia mexicana a la recuperación de Pemex.

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Este es un artículo original de El País. Consúltalo aquí 

Se contrae 7.82% la tasa anual durante junio; sólo tienen crecimiento proyectos vinculados a la electricidad y telecomunicaciones, así como al petróleo y petroquímica.

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El valor de la producción generado por la construcción registró una contracción de 7.82% a tasa anual durante junio, lo que significa que el sector acumuló doce meses en terreno negativo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dados a conocer ayer.

El periódico El Financiero informó que, de acuerdo con el órgano estadístico, el valor de la producción considera todos los trabajos de construcción ejecutados por una empresa, en el que se toma en cuenta el precio de venta y el avance físico de las obras.

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La edificación, el pilar más importante de la construcción, presentó una disminución de 5.22% en el sexto mes del año, lo que representó su caída más pronunciada en lo que va del año.

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Este es un artículo original de El Informador. Consúltalo aquí 

El titular de Comunicaciones y Transportes confirmó el anuncio de Claudia Sheinbaum hace unos días respecto a que el Gobierno federal se haría cargo de concluir el Tramo III del Tren México-Toluca.

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Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, confirmó el martes que el Gobierno federal se encargará de continuar y concluir el Tramo III del Tren México-Toluca, cuya construcción correspondía a la Ciudad de México, y dijo que se han detectado irregularidades en la obra.

El funcionario federal mencionó que la dependencia a su cargo se encuentra en trámites con el gobierno de la capital mexicana para finiquitar los contratos que tiene con las diferentes empresas “para que nos entregue la obra y continuarla”, de acuerdo con un comunicado.

A mediados de julio, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que había acordado transferir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la construcción del Tramo III.

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Luego de salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Jiménez Espriú explicó que el tramo que recibirá la SCT va de la estación Santa Fe a la estación Observatorio.

Inicialmente, a la SCT solo le correspondía el tramo Zinacantepec-Santa Fe. Con esta modificación, ahora construirá toda la ruta del Tren Interurbano, es decir, de Zinacantepec a Observatorio.

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Este es un artículo original de obrasweb.mx Consúltalo aquí 

Comunicaciones y Transportes explicó que se usará el desdoblamiento de concesiones y la inversión tiene el propósito de detonar infraestructura e dar impulso a la economía nacional.

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El sector privado invertirá 20,000 millones de pesos este año en obras carreteras, a través del desdoblamiento de concesiones a cinco empresas, anunció el lunes Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

El titular de la dependencia explicó que se utilizará el desdoblamiento de concesiones, que consiste en asociar nuevos proyectos a concesiones ya existentes, y la inversión tiene por objetivo detonar infraestructura e impulsar la economía nacional

Jiménez Espriú hizo el anuncio en conferencia de prensa conjunta con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien dio a conocer medidas por 485,000 millones de pesos (mdp) para impulsar la infraestructura e incentivar la inversión y el consumo privado.

Dos de los tres ejes del plan de Hacienda son precisamente inversión en infraestructura y también adelantar licitaciones para 2020.

Los proyectos carreteros involucrados son siete:

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1. Libramiento de Ixmiquilpan. Son 32 kilómetros. Tendrá una inversión de 2,950 millones de pesos y formará parte de la autopista de Durango-Yerbanís. Será ejecutado por la empresa Coconal.

2. Viaducto Urbano Santa Catarina. Con una longitud de 7.9 kilómetros. Será construido por la empresa Roadis, que tiene a su cargo la autopista Monterrey-Saltillo. Con una longitud de 7.9 kilómetros. La inversión es por 6,800 millones de pesos.

3. Ampliación a tres carriles, en 30 kilómetros, del tramo Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, de la carretera Arriaga-Ocozocoautla. La empresa responsable es Aldesa y se destinarán 900 millones de pesos.

4. Carretera Ecuandureo a La Piedad. Son 39 kilómetros de carretera. La inversión es de 1,530 millones de pesos. La construcción está a cargo de la Red de Carreteras de Occidente (RCO).

5. El Libramiento de Lagos de Moreno. Con 25 kilómetros. Requerirá recursos por 1,400 millones de pesos. La construcción está a cargo de la Red de Carreteras de Occidente (RCO).

6. La carretera Zitácuaro a Maravatío. Son 71 kilómetros de longitud. La inversión es de 3,070 millones de pesos. La construcción está a cargo de la Red de Carreteras de Occidente (RCO).

7. Vialidad alterna de Ventura a El Peyote. Con 37 kilómetros y 4,200 millones de pesos de inversión. La construcción será realizada por la empresa Meta, que tiene a su cargo la vialidad alterna de San Luis Potosí a Matehuala. Tendrá 37 kilómetros y 4,200 millones de pesos de inversión.

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Este es un artículo original de obrasweb.mx Consúltalo aquí